La conducción ebria y/o temeraria sigue siendo la principal causa de los accidentes en la carretera. Pero, pese a asumir nuestra culpa, los ciudadanos somos conscientes de que es una culpa compartida con las instituciones políticas. Prueba de ello son las soluciones que se proponen desde tales instituciones para evitar la siniestralidad provocada por estos accidentes. Dichas propuestas están divididas en dos grupos: las inútiles y las inexistentes.Desde la existencia del automóvil, a finales del siglo XIX, el Gobierno se ha inventado diferentes alternativas para evitar dichos accidentes. Éstas han sido en su mayoría inservibles _pertenecientes al primer grupo_: desde las campañas de la DGT (Dirección General de Tráfico), hasta las míticas pegatinas “Papá no corras”, “Bebé a bordo”, “No corras neng!”…
De las campañas, además, debemos apuntar a que la principal causa de su improductividad reside en su estrategia publicitaria, basada siempre en el impacto visual extremista y en el sentimiento de culpabilidad.
Esta estrategia podría remitirnos a las de las campañas publicitarias de las ONG’s, que también siempre se habían centrado en ambas intenciones _impactar y culpar_.
La primordial diferencia entre las campañas de unos y de otros la encontramos aquí, ya que la evolución ha sido distinta para los dos casos.
Las ONG’s han cambiado sus tácticas comunicativas, siendo consecuentes con la poca efectividad de las anteriores.
Ahora se dedican a asociarse con empresas, de forma cuando pagamos un tiquete de algo, por ejemplo, estamos contribuyendo con un porcentaje de ese pago a una determinada ONG.
Las campañas de tráfico, por su parte, han eliminado el impacto visual, después de haber sido acusadas de extremadamente sensacionalistas y de tener mal gusto. Su cambio se ha basado en descartar este aspecto y potenciar más el otro: el de la culpa; algo que sigue sin hacer efecto en la conciencia de los espectadores.
Sobre las medidas existentes, cabe añadir que el pequeño porcentaje que conforman las útiles no han sido fruto de acciones del Gobierno, sino que se han tratado de invenciones técnicas de los fabricantes de automóviles, tales como el cinturón o el airbag.
El segundo conjunto en el que se agrupan estas supuestas soluciones es el de las inexistentes. En él hacemos referencia a una serie de casos evidentes, en los que las soluciones destellan por su ausencia, como los conocidos Puntos Negros (PN). Éstos son definidos por la Instrucción 01/tv-29 de la DGT como aquellos emplazamientos pertenecientes a una calzada de una red de carreteras, en los que durante un año natural, se hayan detectado 3 o más accidentes con víctimas, con una separación máxima entre uno y otro de 100 metros.
Aunque la Dirección General de Tráfico no tiene competencia para actuar sobre las vías al no ser titular de las mismas, sí tiene la responsabilidad de colaborar con aquellas administraciones titulares de la red de carreteras, para la mejora de la seguridad vial.
Sin embargo, esta colaboración casi nunca se lleva a cabo y las consecuencias de ellos son los miles de Puntos Negros del estado, de los que se tiene conocimiento hace más de diez años, pero para los que el Gobierno parece no tener recursos suficientes como para ponerles remedio.
Un ejemplo de estos casos sería el ya famoso Punto Negro El Goloso, en las afueras de Madrid, que se cobra una media de veinte víctimas anuales. Otro de los casos más dramáticos, también en la capital española, es la M-40, que cuenta con 33 Puntos Negros en la totalidad de su recorrido.
Llama la atención que las campañas del Gobierno _mediante la DGT_ nos culpe de todas las incidencias en la carretera cuando evitar un gran porcentaje de éstas está en sus manos y prefieren ignorarlo.
La nuestra, una culpa muy compartida, sin duda.
